Según la nueva normatividad, el máximo que podrá soportarse sin factura electrónica para el año 2020 es el 30%; para el 2021, se disminuye a 20%; y en el 2022, el tope será apenas de 10%.
El país sigue dando pasos importantes en el incremento del recaudo de impuestos, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a tercer trimestre de 2019 se alcanzó una cifra de 17 billones de pesos, lo que representa un aumento de 18.2%, en relación con el mismo período de 2018, cuando recolectó 15,1 billones de pesos.
La facturación electrónica es una herramienta que fortalecerá el recaudo y a su vez trae beneficios para las mismas organizaciones, implementarla no solo aumenta la eficiencia al interior de los procesos de las compañías, también trae beneficios tributarios, si se le es solicitada los proveedores de las empresas.
Desde este año, las organizaciones deben empezar a disminuir -gradualmente- el porcentaje de facturas físicas o documentos similares que emiten como órdenes de compra o pedidos, guías de remisión, es decir, deben pedirlas en formato electrónico. En la actualidad la Dian las tiene habilitadas (facturas físicas) como documentos para requerir deducibles de gastos o impuestos, pero ahora inicia una transición para que no sea de esta manara.
Según la nueva normatividad, el máximo que podrá soportarse sin factura electrónica para el año 2020 es el 30%; para el 2021, se disminuye a 20%; y en el 2022, el tope será apenas de 10%. En esa medida, la Dian podrá hacer un control más efectivo con el fin de evitar casos como el del ‘cartel del IVA’ y de esa manera se seguirá incrementando el recaudo. Vale la pena destacar, que quienes exijan facturación electrónica serán menos vulnerables a estar involucrados en fraudes de este tipo por desconocimiento.
Sin duda, uno de los grandes beneficios al buscar que su ecosistema de clientes y proveedores facturen electrónicamente, es que en la medida que se reciban facturas electrónicas, la Dian se asegura que no está presentando deducciones de gasto o impuestos de manera negligente, abriendo la puerta a que las compañías tengan la posibilidad de recibir hasta el 100% de las facturas de sus proveedores con deducciones.
Las organizaciones deberán exigir a sus proveedores, los documentos electrónicos, no porque los físicos tengan algún error, sino porque es la ley la que los obligará. Quienes venden productos y servicios deben analizar eso, ya que el día de mañana pueden perder clientes, pues ellos les exigirán facturación electrónica, de no ser así seguramente deberán trabajar con compañías que puedan hacer ese proceso. Es mejor anticiparse a una transformación que se está desarrollando desde hace tiempo y no perder dinero, oportunidades y clientes por dudar y esperar.
Quienes utilizan las facturas físicas para legalizar gastos de alimentación, hospedaje o transporte, entre otros, deben tener claro que solo les servirán para un control interno de las empresas y el manejo de su caja, porque estos documentos irán perdiendo beneficios tributarios, lo cual es un ‘golpe’ a la competitividad al incidir directamente en las finanzas.
Es de resaltar que una factura física tiene un costo aproximado de $3.000 pesos, sin contar los gastos ocultos como servicio de mensajería, traslados de entrega y otros valores asociados. La implementación de la facturación electrónica representa un ahorro de 84%, teniendo en cuenta que, en promedio, esta cuesta $500 pesos, según las necesidades de cada empresa.
